La necesaria política
estructural de la Vivienda

Las tensiones que se están produciendo en el mercado de la vivienda, en el de la compraventa, y sobre todo en el del alquiler no ha nacido ni mucho menos en los últimos meses o años, sino que se llevan gestando desde finales de los años noventa, cuando la liberalización general de la economía actuó de manera muy importante en el suelo y la vivienda en cinco aspectos destacados. El primero y de carácter estratégico fue la Ley del Suelo de 1998[1] que puso en marcha el gobierno de Aznar y que modificaba estructuralmente el sentido que el urbanismo había tenido en España en el último siglo y medio, facilitando la urbanización de suelos discontinuos y alejándose de la imagen urbana clásica de la mancha de aceite en expansión. El motivo de semejante cambio obedecía a las nuevas propuestas neoliberales de que un aumento de la oferta de viviendas conllevaría a un descenso de los precios. Como es bien conocido, esta previsión no solo no se cumplió, sino que contribuyo al inicio, consolidación y colapso en 2008 del llamado boom del mercado inmobiliario que derivo en la recesión económica que duro hasta prácticamente la pandemia de 2019, y cuyos efectos todavía son visibles en una parte de la población que perdió su vivienda en propiedad y tuvo que pasar a depender del alquiler.
[1] Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-8788